Una ONG pide que se reglamente la ley ya aprobada en Neuquén que crea un registro de los condenados por delitos sexuales.
El registro es considerado una herramienta fundamental para la prevención de abusos sexuales a fin de evitar la reincidencia.
Neuquén > Unos días antes de la finalización de 2009, representantes de la organización no gubernamental AVIVI (Ayuda a las Víctimas de Violación) de Neuquén presentaron en la Legislatura provincial un proyecto de ley para crear un sitio oficial de Internet que publique fotografías y la historia delictiva de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual.
La iniciativa, impulsada por la ex diputada Olga Saldías y la representante de AVIVI-, Mabel Vanuffelen, precisa que la administración de los contenidos recaerá en la autoridad de aplicación que designe la Ley 2520 de creación del Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS) y además faculta al organismo designado a difundir a través de los medios de comunicación fotografías, datos personales, características y modus operandi de los condenados que se encuentren prófugos al momento de dictarse su condena.
A pesar de que fue la segunda provincia del país en aprobar una ley para crear un registro en el que figuren los condenados por delitos sexuales, Neuquén aún no la aplica porque no fue reglamentada.
Provincias como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza ya cuentan con los registros genéticos de condenados por delitos sexuales. Estas provincias habilitaron el Banco de ADN pero Neuquén habilitó sólo el registro de condenados, mientras que el proyecto de creación del Banco Genético, presentado por Saldías, permanece sin tratamiento en la Legislatura.
El Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual es considerado una herramienta fundamental para la prevención de abusos sexuales a fin de evitar la reincidencia y hacer más eficaz la investigación.
El registro
Este Registro incluiría a todos los condenados por la Justicia neuquina en el que se consignarán los datos personales, huellas dactilares, registro de ADN, fotografías, historia criminal, grupo sanguíneo y cualquier otro dato que pueda servir para su identificación.
“La ley ya tiene más de tres años y medio de sancionada (se promulgó en julio de 2006) y aún no fue reglamentada, estamos hablando de una ley que abarca la mitad de la gestión del ex gobernador Jorge Sobisch y de la actual”, enfatizó la representante de AVIVI.
Agregó que también en el 2009 presentaron un pedido denominado “Misericordia Social” a la Legislatura para que exhortara al Poder Ejecutivo a que se comprometiera a reglamentar esta ley “que no puede aplicarse en Neuquén porque quienes tienen que hacerlo no se sentaron a tratarla”. “Cabe señalar que la Ley 2520 establece un plazo de sesenta días para su reglamentación y están totalmente excedidos esos plazos”, agregó Vanuffelen.
Aclaró que la ley busca crear el registro de “personas condenadas” por delitos sexuales “y no de personas sospechadas, que no tienen sentencia firme”. Para la representante de AVIVI neuquina es fundamental la aplicación de este registro no sólo para apuntar a los hechos relacionados específicamente con las violaciones sino también a otras problemáticas vinculadas como el abuso sexual de niños, la trata de personas, la prostitución, la pornografía por Internet y el turismo sexual infantil “un fenómeno que se está dando en la zona sur del país y en la zona de frontera”.
La información que se incluirá en el registro (fotografía, datos morfológicos, peso, altura, color de ojos, donde vive y donde trabaja) la tendrá a disposición el Estado y servirá “para que la investigación sea conducente y, sobre todo, para generar control en las personas con esta tendencia delictiva al mismo tiempo que será útil, a nivel político para encarar políticas públicas de seguridad”, dijo.
Vanuffelen comentó que en Estados Unidos funciona la Ley de Protección a la Comunidad promulgada en 1990 en el Estado de Washington, la primera de este tipo en ese país, a raíz de la violación y asesinato en 1994 de Megan Kanka, de 7 años, lo que provocó que el público exigiera que se implementara un sistema de notificación a la comunidad. Esta normativa, firmada por el entonces presidente Bill Clinton en 1996, permite que se notifique al público cuando un delincuente sexual peligroso haya sido puesto en libertad. La Ley Megan, como se la conoce, busca que la sociedad en su conjunto genere una herramienta de control social cuando el accionar delictivo del condenado escapa al Estado.
“Los delincuentes sexuales están controlados mientras están encarcelados, pero cuando recuperan su libertad o se evade ¿quién los controla?”, se preguntó Vanuffelen. “Nadie”, respondió, y agregó que “lo que buscan estas leyes que han dado muy buenos resultados es que la gente sepa quiénes cometen estos hechos aberrantes”.
La mayoría de los casos, en la familia
El 70% de las violaciones se produce en el seno familiar.
Neuquén > En abril de 2001, Candela González fue violada y golpeada en forma salvaje. De repente, su madre, María Elena Leuzzi, debió enfrentarse a un mundo ajeno, desconocido, en tanto su hija permanecía en terapia intensiva.
A partir de allí, la historia de ambas tomó otro rumbo. María Elena decidió que era el momento de hacer algo, de ocuparse y asistir a chicas y chicos que fueron violados.
El 23 de junio de 2003, un tribunal de San Isidro condenó a 28 años de cárcel (más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado) a Javier Emilio Posadas, el hombre que había violado a Candela, y a muchas otras mujeres. Al día siguiente, María Elena creó AVIVI.
El 30 por ciento de los más de 7.500 casos que hasta el momento asistió AVIVI las víctimas fueron por violadores ocasionales. El resto fueron casos intrafamiliares. “Es terrible, es como si viviéramos en un país incestuoso", dijo alguna vez esta mujer que atiende junto a su hija Candela en una humilde casa del barrio porteño de Virreyes.
Leuzzi explicó que cuando se encuentran con una chica que fue violada en primer lugar “les damos contención y después les sugerimos que es necesario que entreguen sus ropas para preservar los rastros. Luego las acompañamos a un hospital para que les hagan un hisopado y conseguir el ADN del atacante y también para que las mediquen contra la hepatitis B y el virus del sida".
Una vez en el hospital se aseguran de que la víctima no esté embarazada. Después de formalizar la denuncia, AVIVI asiste a la víctima con psicólogos debido al estrés postraumático que sufren a través de sesiones individuales, grupales, familiares y grupos de autoayuda que, en muchos casos, son encabezados por Candela. Además se suma la asesoría legal.
“Como los delitos sexuales son de índole privada, si la víctima no insta a la acción no hay investigación. Tratamos de que todas las chicas violadas hagan las denuncias porque es la única forma de detener y luego condenar a un violador”, explicó Leuzzi.
"Mis ojos vieron muchas cosas"
Neuquén > La actual presidenta de AVIVI conoce la problemática de la violencia en el sentido más amplio ya que durante muchos años se desempeñó como Oficial de Policía, perteneció a la primera promoción de oficiales femeninos de Seguridad. Tiene en su haber un postgrado orientado en Victimología y se recibió con una mención especial en violencia familiar.
Desde hace mucho tiempo viene trabajando en los barrios, en las comisiones de fomento y en los hospitales brindando talleres y asesoramiento sobre estos temas. “Por mi experiencia es muy difícil separar la violencia familiar de los abusos sexuales sobre niños. Mis ojos vieron muchas cosas, muchos casos espeluznantes y por eso me pareció que era el momento de empezar a ayudar”, comentó.
Junto con un grupo de amigos se comprometieron a recabar 3 mil firmas para impulsar el proyecto del Registro de Violadores en la provincia de Buenos Aires.
“Juntamos 32.000 firmas en Neuquén, y la señora María Elena Leuzzi, titular de la asociación AVIVI, me invitó al Congreso de la Nación para fundamentar la necesidad del registro de violadores en la provincia de Buenos Aires. Fue el 16 de septiembre de 2008, hicimos una exposición desde el punto de vista técnico y jurídico porque no era víctima ni familiar de víctima. Al poco tiempo Leuzzi me nombró representante de esta organización no gubernamental en la provincia del Neuquén en agradecimiento al respaldo recibido y formalizó su apoyo incondicional a los neuquinos, que firmaron hasta con su huella digital quienes no están escolarizados”, explicó.
Vanuffelen aclaró que la asociación en Neuquén no cuenta con un centro de atención sino que su trabajo consiste en “apuntalar todo el esfuerzo para que se reglamente la Ley 2520”.
Publicado Diario La Mañana Neuquén, Sección Sociedad 24/01/2010
