(Publicado en nota de Opinión del Diario Rio Negro el día 27/01/2007)
En la edición del 23 de enero del 2007 de este diario (pág. 33) se difundió la noticia que un individuo de nombre Luis Alberto Tello pasó casi nueve años preso, condenado por el abuso sexual a cinco menores de edad. Salió en libertad condicional el 6 de diciembre pasado y ya está detenido otra vez, acusado de violar a una nena e intentar lo mismo con otras dos. Volvió a utilizar, como hace una década, idéntico modus operandi.
La noticia me llenó de indignación. La violación es sin dudas el delito que más rechazo y reacciones violentas despiertan en la comunidad. Estoy convencida de que el Estado no puede mirar para otro lado. Se trata de la salud y bienestar de nuestros niños, de nuestro futuro. Los violadores caminan junto a nosotros en las calles neuquinas, la mayoría de ellos nunca recibió un tratamiento psicológico cuando estaban en la cárcel y pocos jueces prescriben esa asistencia cuando les brindan la libertad condicional.
Los violadores, que nadie tenga dudas, son diferentes a todos los delincuentes. Lo dicen los psicólogos. Lo dicen los criminalistas, los peritos forenses, hasta los códigos tumberos de los presos, según los cuales el violador pertenece a la peor calaña. Sólo para el Estado son delincuentes como cualquier otro, como un asesino, un ladrón o un estafador. Y si esto no es así, ¿qué hace el Estado para evitar que los violadores no vuelvan a atacar una vez que son liberados?
Según el último censo del Servicio Penitenciario Federal, en las cárceles argentinas hay 2.800 presos acusados o condenados por violación y otros 1.800 por abusos sexuales. Más tarde o más temprano, a todos les tocará salir.
Los niveles de reincidencia varían según los estudios, pero nunca bajan del 50%. Más de la mitad vuelven a violar. Aunque, atención: no todos los violadores son iguales. Según el psiquiatra Ricardo Risso, del cuerpo médico forense de la Corte Suprema, "hay una diferencia clave entre las personas con un diagnóstico psicológico de abusadores, que son sexópatas; o de violadores, que son psicópatas". Y explica: "Los abusadores buscan en la sexualidad una gratificación de su autoestima lastimada y tienen períodos de arrepentimiento. Por eso son buenos presos: cumplen con las reglas urbanas carcelarias y son sociables. Con ellos habría alguna posibilidad de tratamiento. Los psicópatas, en cambio, se gratifican con el terror de sus víctimas, son destructivos y no pueden convivir. Pero cuidado, son la minoría de los casos".
La realidad en los establecimientos penitenciarios nos muestra que, como son odiados por los otros presos, apenas llegan a las cárceles se convierten en virtuales protegidos del Servicio, que debe cuidar sus vidas. Eugenio Freixas, quien durante años fue procurador penitenciario de las cárceles federales comenta que "los guardias los terminan protegiendo. Los violadores trabajan en su comedor, limpian baños, se portan muy bien. Por eso salen bastante rápido".
Vemos entonces cómo se impone la necesidad de rever los sistemas de calificación de conducta en las cárceles argentinas y nunca perder de vista los delitos cometidos.
Por iniciativa de Juan Carlos Blumberg, el Congreso aprobó recientemente una reforma al Código Penal según la cual los condenados por violación seguida de muerte deben ser sentenciados a reclusión de por vida, sin posibilidad de excarcelación. Sin embargo, hasta los legisladores que aprobaron ese cambio saben que no tendrá futuro, ya que nuestra Constitución garantiza a los reos la posibilidad de la reinserción social. Es muy posible que tal reforma sea desestimada por la Corte Suprema. Algún día los violadores saldrán en libertad. La pregunta es, entonces, qué hacer mientras están presos y qué hacer cuando salen.
Una opción que algunos consideran posible es crear cárceles especiales para ellos. La cantidad de presos por delitos sexuales lo haría materialmente posible. El forense Risso cree que sí, que los violadores "deberían cumplir su pena en unidades para pacientes con trastornos en la psicosexualidad, tratados por profesionales de mucha experiencia". Para eso, claro, se necesitarían muchos más psicólogos en las cárceles. Y mucho más presupuesto. Otros se oponen al considerar que los violadores comprenden muy bien la criminalidad del acto que cometieron.
Otra alternativa, que no excluye a la anterior, es hacer un seguimiento del violador una vez que está libre. En Madrid, por ejemplo, están haciendo una prueba piloto que consiste en colocarle al preso una pulsera que permite saber por dónde se mueve las 24 horas.
Ahora bien, quienes deben controlar a los presos que reciben libertad condicional son los Patronatos de Liberados, aunque es cierto que no cuentan con recursos suficientes. El Patronato de la provincia de Buenos Aires tiene a su cargo el control y asistencia de 40.000 condenados por distintos delitos que, por decisión de los jueces, están terminando de cumplir su condena en libertad.
¿En qué consiste esa supervisión con los violadores? "Los visitamos en su domicilio una vez por mes, controlamos que no se muden sin avisar y, si el juez lo indicó, también verificamos que cumplan con los tratamientos psicológicos correspondientes", explica Anglada. Pero de inmediato revela un dato clave: "En general, los magistrados ordenan muy pocos tratamientos a las personas que liberan. Y nosotros no podemos forzar a nadie a atenderse".
Otra medida utilizada en Estados Unidos y varios países de Europa es abrir un registro de violadores que puede ser consultado por cualquier persona.
En nuestra provincia se sancionó la ley 2.520 que es de mi autoría, sancionada el año pasado, por la cual se crea un Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual. El Registro aún hoy no está en funcionamiento por la falta de reglamentación que debe realizar el Poder Ejecutivo. Les pido a las autoridades competentes que no demoren ni un minuto más y reglamenten la ley. El funcionamiento de este Registro representa una necesidad imperiosa de toda nuestra comunidad. Si se hubiera tenido la información de la liberación de este individuo, quizás otros serían los hechos. Quizás se podría haber evitado la violación de una niña.
Soy consciente de que no es la solución a todos los problemas, pero es un avance. Otro paso importante es tener una legislación nacional al respecto (Registro Nacional) y en ese sentido presenté en el Congreso Nacional un proyecto de similares características a nuestra ley provincial, que no ha querido ser tratado por diputados oficialistas y aliados del gobierno nacional. Asimismo, presentaré en los primeros días de marzo una modificación a la ley 2.520, profundizando aún más en el control, como son la publicación en internet y el aviso a los vecinos de las personas que obtengan su libertad y que hayan cometido esta clase de delitos. Seguramente algunos se opondrán, como ya lo han hecho anteriormente, pero será la sociedad neuquina en definitiva la que sabrá juzgar a quienes nos dan la responsabilidad de representarlos.
Todos debemos recordar que los violadores están ahí, aunque nadie quiera verlos.
OLGA BEATRIZ SALDIAS -Diputada provincial Neuquén. Bloque peronista provincial
